Cumpla la Ley 21.719 sin un abogado en la sala
Las familias responden desde el teléfono y su colegio guarda la prueba. Edugoverna es la plataforma de protección de datos para colegios chilenos: consentimiento verificado, derechos ARCO con el plazo a la vista y registros listos antes de que la Agencia los pida.
Lo que la Ley 21.719 le pide a un colegio
Leer la guía de la ley- 30 días
- corridos para responder una solicitud
- Art. 11
- Hasta 20.000 UTM
- de multa en las infracciones gravísimas
- Art. 35
- 5 años
- queda cada sanción en el registro público
- Art. 39
La autorización que después hay que poder probar
Cada campaña sale con su finalidad declarada, llega a quien corresponde, confirma quién responde y deja una prueba fechada que el colegio puede mostrar años después.
Art. 12 consentimientoArt. 16 quáter niños, niñas y adolescentes
Pedir la autorización no basta: hay que poder probarla.
- Llega por WhatsApp o correo
Se abre en cualquier teléfono, sin instalar nada.
- Responde quien la ley señala
La edad del estudiante define si decide el apoderado o el propio adolescente.
- Autorizar y no autorizar pesan lo mismo
La ley pide un consentimiento libre, y las dos decisiones quedan registradas.
- Cada decisión queda sellada
Con su sello de integridad; la familia ve su comprobante en pantalla y lo recibe por correo si tiene uno.
- El recordatorio sale solo
A los 2 y 5 días insiste el sistema, no la secretaría.
- Se puede retirar cuando quiera
En línea, sin llamar al colegio.
Los derechos se ejercen sin llamar al colegio
Un apoderado que quiere ver, corregir o borrar los datos de su pupilo entra a una página del colegio, elige qué pedir, acredita quién es y sigue el estado por su cuenta. En el colegio, la solicitud entra a una bandeja con el plazo corriendo y termina en un expediente que se puede mostrar.
Art. 11 plazo de respuesta
- Los derechos de la ley, en una página
Cada uno con su artículo; el bloqueo se pide junto con otro.
- Sin cuenta ni contraseña
Un código al correo, y la cédula para acreditar quién pide.
- El plazo corre desde el ingreso
Cada solicitud entra a la bandeja con su plazo a la vista.
- Lo que no se deshace lo aprueba otra persona
Suprimir o entregar una copia pide una aprobación antes de ejecutarse.
Y todo lo demás que la ley le pide al colegio
No es una herramienta europea traducida al español: Edugoverna está construida sobre las reglas chilenas de consentimiento de menores y sobre las obligaciones concretas de un sostenedor.
El registro de actividades de tratamiento y las evaluaciones de impacto se arman respondiendo preguntas, una a una, en vez de llenar planillas.
Registro y evaluación
Una página pública que les explica a las familias qué datos trata el colegio, para qué y con quién los comparte. Cada versión publicada queda con su fecha y su código de verificación.
Deber de información
Cada proveedor que trata datos del colegio queda registrado, con su contrato, sus cláusulas y su vencimiento a la vista desde 60 días antes.
Encargados de tratamiento
Cada vulneración de seguridad se registra con su gravedad; cuando hay que avisarle a la Agencia, el reporte se arma desde el caso, se aprueba y queda en el expediente.
Vulneraciones de seguridad
De la planilla al cumplimiento demostrable
Configure sus registros
Importe la nómina de estudiantes y apoderados desde una planilla. El registro de actividades de tratamiento se arma con una entrevista guiada, y el portal de transparencia sale de ese registro.
Lance campañas de consentimiento
Las familias reciben un enlace por WhatsApp o correo, confirman su identidad con un código y responden desde el teléfono. Cada respuesta queda sellada como evidencia.
Responda a tiempo y pruébelo después
Cada solicitud ARCO con su plazo a la vista, cada incidente con su expediente y todo lo que se toca en la auditoría. Si mañana alguien pregunta, la respuesta ya está armada.
Lo que los sostenedores preguntan primero
¿Cuándo entra en vigencia la Ley 21.719?
El 1 de diciembre de 2026. La ley se publicó el 13 de diciembre de 2024 y sus disposiciones transitorias fijan la vigencia en el primer día del mes vigésimo cuarto posterior; desde esa fecha la Agencia de Protección de Datos Personales puede fiscalizar y sancionar. Ponerse al día toma meses —ordenar consentimientos, levantar registros, ajustar contratos con proveedores—, así que esa fecha no marca cuándo empezar, sino cuándo hay que llegar con la evidencia ya acumulada. Hay un proyecto de ley en trámite (Boletín 18.623-07) que posterga la vigencia al 15 de octubre de 2027: el Senado lo aprobó el 28 de octubre de 2026 y está en segundo trámite en la Cámara. Mientras no se publique como ley, la fecha legal sigue siendo el 1 de diciembre de 2026. Y la Ley 21.809 de convivencia escolar es exigible el 1 de abril de 2027 de todos modos.
¿Qué exige la Ley 21.719 a los colegios?
La ley moderniza la protección de datos personales en Chile y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Para un colegio significa, entre otras cosas: una base legal declarada para cada tratamiento —lo que la ley llama «base de licitud»—, consentimiento reforzado cuando esa base es el consentimiento, respuesta dentro de plazo a los seis derechos del titular —acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo—, una página pública que informe qué datos trata y para qué, contratos al día con cada proveedor que trata datos por encargo, y registro y aviso de las vulneraciones de seguridad.
¿Qué pasa con los datos de niños, niñas y adolescentes?
Tienen protección reforzada: el tratamiento se rige por el interés superior del niño y por su autonomía progresiva. Cuando la base es el consentimiento, quién consiente depende de la edad. Bajo 14 años consiente siempre el apoderado. Entre 14 y 17 consiente el propio adolescente, salvo los datos sensibles, que siguen necesitando al apoderado mientras el estudiante tenga menos de 16. Edugoverna aplica esa regla sola: cada campaña se dirige a quien la ley señala según la fecha de nacimiento, no según lo que el colegio prefiera.
¿Necesitamos un abogado para operar la plataforma?
No. Está hecha para personal administrativo sin formación legal: cada pantalla dice qué hay que hacer, por qué importa legalmente y deja el respaldo que corresponde. Cuando haya una decisión jurídica de fondo, su asesor legal se encontrará con los registros y expedientes ya armados y al día, en vez de tener que levantarlos desde cero.
¿Cómo responden los apoderados?
Reciben un enlace por WhatsApp o correo, verifican su identidad con un código de un solo uso y deciden desde el teléfono, sin crear cuenta ni contraseña. Autorizar y no autorizar pesan lo mismo y las dos decisiones quedan registradas con un manifiesto sellado criptográficamente; el apoderado recibe su comprobante por correo y puede retirar el consentimiento después, en línea.
¿Qué es la Agencia de Protección de Datos Personales?
Es la autoridad pública que crea la Ley 21.719 para fiscalizar el cumplimiento, resolver reclamos de titulares y sancionar infracciones. A agosto de 2026 está en instalación —el Senado aún no confirma a su consejo—, pero sus facultades empiezan a correr junto con la ley. Ante una fiscalización el colegio tiene que poder demostrar cómo trata los datos: Edugoverna mantiene los registros, la evidencia y los expedientes listos para esa conversación.
¿Qué riesgos corre un colegio que no se prepara?
Las multas llegan hasta 5.000 UTM en las infracciones leves, 10.000 UTM en las graves y 20.000 UTM en las gravísimas. Y toda sanción se anota además en el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento —público, gratuito y electrónico— por cinco años: la multa se paga una vez, el registro lo lee cualquier apoderado durante cinco procesos de admisión. Hay una sola gradualidad: en los primeros 12 meses, a las empresas de menor tamaño la Agencia puede sancionarlas con una amonestación por escrito. Los deberes, en cambio, rigen completos desde el primer día. Prepararse no es sólo evitar la sanción: es poder responder con calma cuando un apoderado —o la autoridad— pregunte qué pasa con los datos de su hijo.
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