SLEP y colegios municipales: la multa la paga el jefe superior

Un SLEP, un DAEM y una corporación municipal cumplen exactamente las mismas obligaciones sustantivas que un colegio particular: deber de información, derechos de los titulares, seguridad, contratos con encargados, evaluación de impacto, reporte de vulneraciones. El Título IV les aplica igual.

Lo que cambia es qué pasa cuando se incumple. El jefe superior del órgano público «deberá velar por que el órgano respectivo realice sus operaciones y actividades de tratamiento de los datos personales con arreglo a los principios, derechos y obligaciones» de la ley Art. 44. Y las infracciones —tipificadas en los mismos artículos 34 bis, 34 ter y 34 quáter que aplican a todos— se sancionan sobre su remuneración.

Las infracciones las determina la Agencia según el procedimiento del artículo 42, y es la Agencia la que aplica las sanciones — aunque la Contraloría, a petición suya, puede incoar los procedimientos y proponer las sanciones que correspondan. Contra las resoluciones procede el reclamo de ilegalidad del artículo 43.

El tramo del cincuenta por ciento y la suspensión de hasta treinta días se activa «tratándose de datos personales sensibles». En educación pública eso no es un caso extremo: es el día a día.

La situación socioeconómica es dato sensible en la ley chilena, y el índice de vulnerabilidad, la condición de alumno prioritario o preferente y la ficha social la revelan de forma directa. Un servicio público de educación administra esos datos para prácticamente toda su matrícula, además de las fichas de salud del programa de integración.

Dicho de otro modo: en un colegio particular pagado, un incidente con datos sensibles es un subconjunto de los incidentes posibles. En un SLEP, es la forma que tienen casi todos.

El artículo quinto transitorio agrega una regla que sólo afecta al sector público: los órganos públicos que establezcan un encargado de prevención o un delegado de protección de datos «deberán designar para ello a un funcionario de la dotación vigente del respectivo organismo».

Es decir, no se puede crear el cargo ni contratar para llenarlo. La consecuencia práctica es que el rol tiene que salir del equipo existente, con la carga que eso implica — y que la salida «lo resolvemos contratando a un especialista» está cerrada por ley. Conviene recordar que designar un delegado no es obligatorio en ningún caso: lo es sólo dentro del modelo de prevención voluntario.

El orden que más reduce exposición personal del jefe superior, en el tiempo que queda antes del 1 de diciembre de 2026:

1. 01Publicar el deber de información del Art. 14 ter en el sitio del servicio y de cada establecimiento. Es la obligación más visible y la más fácil de fiscalizar de oficio.
2. 02Inventariar proveedores y firmar el anexo del Art. 15 bis con cada uno. Es también el insumo de la letra d) del deber de información.
3. 03Definir por escrito quién responde las solicitudes de derechos, con qué plazo y con qué registro. El reloj de la ley corre desde que llega la solicitud, no desde que alguien la asigna.
4. 04Escribir el procedimiento de vulneraciones antes de necesitarlo, incluida la comunicación a las familias.
5. 05Evaluar dónde caen los cuatro casos del Art. 15 ter — videovigilancia y padrón completo son los candidatos obvios — y hacer la evaluación de impacto antes de seguir operando.

La secuencia completa, con plazos y derechos, está en la guía de la ley para colegios.